Volver a la ética pública

Recientemente vi que a una autoridad electa le regalaron una gallina. Parecería una tontería o un gesto de buena fe de algún ciudadano. La servidora pública recibió el obsequio. Pero esto supone un problema ético de la función pública. El problema no es la microcorrupción únicamente que se da en nuestras instituciones y hemos normalizado, como el nepotismo etc.... El problema es la corrupción en general. Lo que le cuesta al Estado miles de millones de dólares. Tampoco se trata de ser santos en espera de un milagro como diría Chuchú Martínez. El objetivo es volver a la ética pública en dos sentidos: para tener una formación ciudadana y, segundo, cumplir con nuestra normativa en función de atenuar la corrupción en general. 

 

Pero volvamos al tema de recibir algún tipo de regalo. En el artículo 35 del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, está el capítulo de los BENEFICIOS PROHIBIDOS. Y, está bien claro que: “El servidor público no debe, directa o indirectamente, ni para sí ni para terceros, solicitar, aceptar o admitir dinero, dádivas, beneficios, regalos, favores, promesas u otras ventajas en las siguientes situaciones:” en particular: “Cuando resultare que no se habrían ofrecido o dado si el destinatario no desempeñara ese cargo o función”.

 

Otro de nuestros grandes problemas es el abuso de autoridad, se manifiesta cuando quienes detentan poder público lo ejercen para fines personales, discriminatorios o fuera del marco legal, máxime si somos un país presidencialista, y vemos cómo se van imponiendo decisiones personalistas que socavan la confianza ciudadana. 

 

Insistimos que, volver a la ética pública exige dos acciones complementarias, invertir en formación ciudadana y en educación ética de servidores y ciudadanos para que comprendan por qué estos límites son esenciales y actúen con responsabilidad y espíritu cívico, además fortaleciendo la enseñanza de la ética en el sistema educativo, segundo, garantizar el estricto cumplimiento de las normas mediante procedimientos claros, controles efectivos y sanciones proporcionales, de modo que la Ley no sea letra muerta sino, instrumento real para atenuar la corrupción y proteger el interés público.

 

Abdiel Rodríguez Reyes 

Doctor en filosofía