La vía popular contra el contrato minero
La veloz sanción
de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023 fue la llama que incendió la pradera y la alocución del presidente el 24
de octubre fue un intento de apagarla con gasolina. Las demandas de los
movimientos sociales contra la actividad minera en el país se regaron como
pólvora. Si bien las protestas iniciaron en contra de la firma de la Ley 406,
no sabemos dónde terminarán. Ya no se trata únicamente del contrato minero. Si pensábamos que las manifestaciones de julio del año pasado
habían sido grandes, las actuales son mayores, miles de personas protestan en
las calles cada día. Se han agudizado las contradicciones y desde diversos
sectores de la sociedad se comulga con el amargo sentimiento de rechazo al
contrato y al Gobierno. Téngase en cuenta que esta lucha es contra un Gobierno,
los partidos tradicionales y una transnacional.
Los grupos de poder económicos y
partidos tradicionales no plantean ninguna alternativa. Están enfocados en sus
intereses: ganar las próximas elecciones y mantener la tasa de ganancia. El
artículo 2 de nuestra Constitución Política de la República de Panamá señala:
“El Poder Público sólo emana del pueblo”. Bajo ese criterio, entonces, nos
preguntamos cual es la vía popular para salir de la actual crisis detonada por
la veloz aprobación de la Ley 406. A partir de la intervención del
presidente se aumentaron las detenciones y el pie de fuerza en las calles. Aunado
a que, a diferencia de las revueltas del año pasado, donde el diálogo fue la
salida, en estas circunstancias lo es revertir la Ley en cuestión y establecer
una moratoria total de minería.
Los defensores de la minería en Panamá
sólo les falta decir que la minería metálica a cielo abierto es abono orgánico para
el suelo. Hay suficientes razones científicas para oponerse a una actividad de
ese tipo por sus consecuencias negativas. La Fundación Ciencia en Panamá ha
señalado varias, como: contaminación del aire, aguas cercanas y subterráneas, porcentajes
elevados de metales pesados en las personas, amenaza a la soberanía alimentaria,
disrupción social entre otras afecciones.
El Gobierno no puede subestimar la
capacidad autoorganizativa del pueblo, la de organización popular producto del hartazgo
hacia los partidos tradicionales y la desconfianza a las instituciones públicas
para dirimir las diferencias a través de procesos democráticos. Aferrarse al
discurso del poder: el derecho del libre tránsito y de la propiedad privada por
encima de cualquier otro derecho, le brinda poco o nulo margen de maniobra al
Gobierno que, en lugar de resolver el problema lo empeora con amenazas,
represión y criminalización de la legítima protesta social.
En julio del año pasado, luego de
múltiples manifestaciones por las deterioradas condiciones de vida, producto
del alto costo del combustible y la poca capacidad para resolver las demandas
del pueblo, las alianzas populares del país pudieron sentar en una misma mesa
al Ejecutivo. Luego de varias reuniones se lograron varios acuerdos, sin embargo,
no fueron efectivos en el tiempo. Hoy estamos análogamente en las mismas
condiciones con la agravante de la Ley sancionada y en Gaceta Oficial. El
pueblo ni olvida ni es tonto. Ahora tiene como antecedente la fatídica mesa
única de diálogo.
Tengamos en cuenta que no se está
discutiendo técnicamente el contrato en cuestión. Lo que está sobre la mesa es su
rechazo total. El actual partido gobernante cargará con el habitual desgaste de
gobernar y las mayores manifestaciones de las últimas décadas, en las encuestas
marcan bajo y solo un milagro podría garantizarles una victoria en las próximas
elecciones. Quienes tienen mayor posibilidad de ganar la contienda electoral a
la vuelta de la esquina, no se diferencian ideológicamente entre sí.
¿Qué opciones quedan? Por un lado, se
habla de derogación y, por el otro, declarar inconstitucional la Ley # 406. Además,
se planteó un referéndum nacional para decidir el futuro de la minería en
Panamá, y está sobre la mesa una moratoria total de minería metálica a cielo
abierto. En los tres escenarios (derogación, inconstitucionalidad, referéndum)
es importante la presión social en las calles. Cuando el pueblo despierta, como
dicen los zapatistas: “el pueblo manda y el Gobierno obedece”.
Abdiel
Rodríguez Reyes
Comentarios
Publicar un comentario